Con la economía indiscutiblemente sumida en recesión, los indicadores laborales y de condiciones de vida de las familias empeoraron notoriamente en el último año. Si se considera lo ocurrido desde que asumió Macri, también es evidente el deterioro sufrido en diferentes aspectos, a la vez que la evolución de las variables económicas y la continuidad de las políticas económicas y sociales no permiten vislumbrar un cambio de rumbo en los próximos meses.

Como consecuencia de la caída en el empleo, la desocupación llegó en el 4° trimestre de 2018 al 9,1%, el nivel más alto desde 2005. Los grupos más afectados por el desempleo (mujeres y jóvenes) empeoraron relativamente más su situación. En particular, entre las mujeres jóvenes la tasa de desempleo superó el 20%. El comportamiento de varones y mujeres en el mercado de trabajo fue diferente: mientras que entre los varones el empleo se contrajo 2,3 puntos desde 2015, entre las mujeres aumentó especialmente la actividad, probablemente por la necesidad de contribuir al sostenimiento de los ingresos familiares en el marco de la  acelerada pérdida de poder adquisitivo.

La calidad del empleo empeoró a lo largo del período: el peso de los trabajadores independientes y de los asalariados no registrados aumentó en forma continua durante toda la presidencia de Macri, y como contracara se redujo la proporción de asalariados registrados.

En el último año la cantidad de trabajadores registrados se contrajo en 252.500 y fueron los asalariados del sector privado los que más cayeron (-159.400). El sector industrial fue el más golpeado en términos de empleo, con resultados negativos continuos desde 2015 y una pérdida de casi 70 mil trabajadores sólo en el último año.

La aceleración de la inflación determinó una importante pérdida de poder adquisitivo tanto de los salarios como de las jubilaciones y las asignaciones familiares, con un impacto mayor entre las familias de menores ingresos. Es precisamente esta pérdida de ingresos reales, sumada a los recortes en el gasto público, la que provoca una caída tal del consumo que condena a la economía a su situación actual de crisis.

Los salarios en el sector público tuvieron una trayectoria incluso más negativa que los del sector privado, acumulando una caída de 19,1% desde la asunción de Cambiemos. En el informe se detalla el caso de los salarios de convenio de ala Administración Pública Nacional (SINEP), que perdieron entre noviembre de 2015 y marzo de 2019 el 30,2% de su poder adquisitivo, es decir, el equivalente a 4 sueldos por año.

Los ingresos vinculados directamente con políticas públicas sufrieron reducciones incluso superiores a las de los salarios promedio,  lo que muestra la intención por parte del gobierno de deprimir los ingresos de la población. El salario mínimo, fijado unilateralmente por el Ministerio de Producción y Trabajo, exhibe una caída del 25% en su poder adquisitivo desde el inicio del gobierno de Macri, incluso a pesar del adelantamiento a marzo del aumento previsto para junio. El haber mínimo ha visto su capacidad de compra deteriorada en casi 20% en el mismo período.

Sólo la asignación universal por hijo muestra un aumento en términos reales, dado que en marzo se anticiparon los incrementos previstos por ley de Movilidad para todo el año. Aún así, desde ese mes vuelve a perder poder adquisitivo, ante una inflación que no se detiene y que alcanza ya el 55,8% interanual.

En este contexto en el cual todos los hogares sufren pérdidas en sus ingresos, la situación es más grave aún para los hogares más pobres. El 10% de los hogares con ingresos más bajos vio reducido su poder adquisitivo en alrededor del 20% en el último año. Para estos hogares, que se ven obligados a ajustar los gastos más esenciales, las consecuencias presentes y futuras resultan dramáticas.

Como consecuencia de la reducción del empleo y de la fuerte caída de ingresos reales, la pobreza aumentó considerablemente y llegó a afectar al 35,8% de la población en el último trimestre de 2018. Se trata del nivel más alto desde 2008. En el mismo trimestre, la indigencia llegó al 7,4% de la población.

En este contexto, las medidas de “alivio” lanzadas por el gobierno nacional resultan claramente insuficientes –cuando no inefectivas– tanto para paliar el deterioro en las condiciones de vida como para lograr una reactivación del consumo.